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29 de julio de 2004

Acabando con la adicción Argentina al endeudamiento

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por James A. Dorn e Ian Vásquez

James A. Dorn es Vice-presidente para Asuntos Académicos de Cato Institute y especialista en China y coautor de China's Future: Constructive Partner or Emerging Threat? (El Futuro de China: ¿Socios Constructivos o Amenaza Emergente?).

Ian Vásquez es Director del Centro para la Libertad y la Prosperidad Global del Cato Institute.

Cuando Argentina incumplió en diciembre del 2001 los pagos en una deuda de más de $80 mil millones—el mayor incumplimiento en la historia de una deuda soberana—no era mas que la culminación de décadas de adicción a una estrategia de desarrollo basado en endeudamiento. La buena disposición del Fondo Monetario Internacional de proveer al gobierno argentino créditos a largo plazo disfrazados como prestamos a corto plazo sostuvo ese modelo de desarrollo y alentó la participación del sector privado.

De 1957 a 1999, Argentina dependió un total de 33 años de la morfina financiera del FMI. La proporción de la deuda en relación con el producto nacional bruto (PNB) creció del 29 por ciento en 1993 al 41 por ciento en 1998 y al 50 por ciento en el 2000. El excesivo gasto del gobierno estaba en el corazón de ese incremento en el endeudamiento. Economistas de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) en Buenos Aires han estimado que, cuando es medido correctamente, el gasto total del gobierno en términos de dólares casi se duplicó entre 1991 y 2001, mientras que el PIB creció solamente un 57 por ciento.

La fuente primaria del excesivo gasto gubernamental era los ineficientes gobiernos provinciales con grandes nóminas de empleados públicos. Bajo el llamado plan de co-participación, el gobierno federal cubrió los déficit provinciales. La mayoría de la deuda resultante estaba financiado en los mercados globales de capital apalancado por garantías implícitas del FMI para créditos futuros de “emergencia”. Gran cantidad de la deuda estaba denominada en dólares.

Desde diciembre de 2001, Argentina ha continuado acumulando deuda. La deuda total del gobierno colocada al final del año 2001 era de $144 mil millones pero se ha incrementado a $177 mil millones para finales del 2003. El gobierno argentino ha mostrado poco interés en manejar seriamente aquellas cosas que deberían ser sus prioridades políticas: reformas estructurales para inhibir gastos deficitarios futuros; renegociación de la deuda externa; sanear el politizado sistema bancario el cual esta sobrecargado con deuda gubernamental de valor incierto; restituir los derechos de propiedad, especialmente haciendo cumplir los contratos de manera imparcial.

Los argentinos no van a olvidar fácilmente el pasado. ¿Cómo pueden confiar en el gobierno cuando sus depósitos fueron congelados, el peso devaluado y se convirtieron los depósitos en dólares a pesos usando un tipo de cambio que impuso pérdidas significativas de riqueza? ¿Cómo pueden los negocios y los bancos tener confianza en el gobierno cuando incumplió los contratos y forzó a los fondos de pensiones y a los bancos a retener sus bonos?

¿Hay alguna forma de que Argentina pueda dejar de lado su tarjeta de crédito FMI, introducir reformas hasta ahora desatendidas y reintroducirse en los mercados internacionales de capitales?

Las respuestas a esas preguntas requieren auto reflexión tanto por parte de los políticos argentinos como de los inversionistas. El presidente Nestor Kirchner está en lo correcto cuando dice que aquellos que han invertido en bonos argentinos deberían de enfrentar los riesgos que ellos estaban tomando y no esperar que sean compensados 100 por ciento por la pobre previsión. Y el Ministro de Economía Roberto Lavagna está en lo correcto al pedir reformas al programa de co-participación y una reducción de los impuestos a las inversiones.

Pero si Argentina quiere lograr un crecimiento sostenible, necesita asumir la responsabilidad de empujar hacia delante esas prioridades políticas. Mas que escudarse de la disciplina impuesta por el mercado—como por ejemplo a través de su apoyo a los controles de capitales de corto plazo, que incrementa el costo del capital—el gobierno argentino debería de acoger políticas de mercado.

Una poderosa forma de lograr esa meta es abandonando el modelo de desarrollo basado en endeudamiento, que no ha permitido que Argentina alcance todo su potencial. Tal como nos dice la experiencia de los países ricos, cuando la deuda es utilizada para financiar inversiones rentables en el sector privado, el desarrollo puede ocurrir. Pero en el caso de la mayoría de países en desarrollo—incluyendo muchos de los países que han introducido reformas de mercado—la deuda es utilizada a menudo para financiar el gasto gubernamental descontrolado y mantener el status quo.

Sin el soporte del FMI, Argentina tendría que actuar responsablemente o afrontar las consecuencias en los mercados globales de capitales. La rendición de cuentas ante el mercado es más proclive a generar políticas sanas en Argentina que la vigilancia y créditos futuros del FMI. El FMI no puede cambiar la política domestica o llevar a cabo reformas fundamentales simplemente por que quiere.

Ciertamente, un estudio reciente del FMI señaló que los objetivos fiscales apoyados por el FMI “no eran alcanzados en un gran número de casos”, y cuando había algo de progreso, ocurría “en el primer año del programa con progreso mínimo posteriormente”.

Hoy en día Argentina está experimentando crecimiento económico y baja inflación. Pero, ¿cuanto va a durar esto sin reformas institucionales? El fin de la convertibilidad significa que el banco central debe ahora mantener una política monetaria creíble y dejar flotar al peso. La economía mexicana abierta ha tenido éxito en mantener controlada la inflación bajo semejante régimen. Pero, ¿Es realista esperar que Argentina, con su relativamente cerrada economía y el apoyo del FMI, pueda lograr tal éxito?

Tal como Anna J. Schwartz del National Bureau of Economic Research escribió en el Cato Journal: “Talvez ha llegado el momento para abandonar el modelo de desarrollo basado en endeudamiento; para promover la conversión de deuda en capital propio; poner en un camino diferente a los países que aquel que los lleva a una deuda insostenible, crisis, y reestructuración de deudas; y depender de las inversiones de capital para lograr el desarrollo”.

Para decirlo de manera más simple, es tiempo de reducir el rol del gobierno en incrementar la deuda. Ese camino es más probable que conduzca a mejores decisiones de políticas publicas, inversiones más sabias y un desarrollo real.

Traducido por Nicolás López para Cato Institute.