11 de marzo de 2003

La nueva constitución europea

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por Patrick Basham y Marian L. Tupy

Patrick Basham es académico asociado del Cato Institute y director del Democracy Institute.

Marian L. Tupy es analista de políticas públicas del Centro para la Libertad y la Prosperidad Global del Cato Institute.

Inspirada en la convención constitucional de Estados Unidos realizada en Filadelfia en 1787, los líderes europeos se han estado reuniendo en Bruselas para redactar una Constitución que sirva de base para la creación de una Europa federal. Con exagerada retórica, el ex presidente de Francia Valery Giscard d'Estaing (1974-1981), quien preside la Convención sobre el Futuro de Europa, recientemente reveló el primer borrador de la Constitución de la Unión Europea. Lamentablemente se parece muy poco al documento redactado en Filadelfia, hace 216 años.

La Constitución de Estados Unidos, influenciada por el Siglo de la Iluminación, surgió del deseo de ser libres de despotismos tanto extranjeros como nacionales. Por el contrario, la Constitución Europea está escrita en un lenguaje legal impenetrable y constituye una proclama políticamente correcta de insensateces burocráticas, empapada del ideológicamente confuso izquierdismo europeo de la posguerra.

A lo contrario del claro y preciso lenguaje de la Constitución de Estados Unidos, la cual cuidadosamente enumera (y por lo tanto limita) los poderes del gobierno, la división de poderes gubernamentales y los derechos del ciudadano, la Constitución Europea está llena de concesiones especiales, lo cual es una burla al concepto de "poderes limitados."

Los derechos constitucionales de Estados Unidos son "negativos", en el sentido que protegen a los norteamericanos de violaciones a su vida, su libertad y su propiedad. La Constitución Europea, por el contrario, está llena de derechos "positivos" que se pueden garantizar sólo limitando la libertad de otros europeos. Como dice Hans Werner Sinn, director del Instituto de Investigaciones Económicas de Munich: "El documento ignora la economía de libre mercado. No hay una sola palabra sobre la protección de la propiedad y ningún compromiso con la libre empresa ni la división del trabajo."

Desde luego que esos conceptos abstractos son notoriamente difíciles de definir. Por ejemplo, docenas de filósofos han venido debatiendo el significado de "justicia social" desde que John Rawls popularizó la frase en 1974. En manos diferentes, justicia social puede significar casi cualquier cosa, desde total redistribución de la riqueza hasta ausencia total de impuestos.

La utilización de tales conceptos es una receta segura para futuros conflictos políticos. Ya se han propuesto 1.500 enmiendas para aclarar el lenguaje del borrador. Pero esa falta de claridad puede ser el objetivo de los redactores. Una confusión constante incrementará inexorablemente el poder de la burocracia europea.

El confuso lenguaje sobre la división de poderes ilustra un deseo de centralización a hurtadillas. La UE tiene autoridad exclusiva en ciertas áreas, como política monetaria y comercial. Pero también se comparte la autoridad entre la UE y los estados miembros en sectores como la agricultura, la política social y en la "cohesión económica y social". En la Europa de Giscard, las políticas económicas nacionales serán "coordinadas" (eso quiere decir armonizadas y centralizadas), mientras que la división de poderes en las áreas de empleo, educación y cultura estarán sujetas a "acciones de apoyo."

Como la gente no quiere una mayor centralización del poder en Bruselas, el avance hacia el súper estado se llevará a cabo por la puerta de atrás. Cada vez que surjan disputas sobre la interpretación de algún artículo, Bruselas decidirá. Podemos, entonces, asumir que los eurócratas no elegidos por nadie siempre decidirán a favor de una mayor centralización de la autoridad, de su autoridad.

Según la Constitución, los estados miembros están sujetos al principio de "leal cooperación", lo cual quiere decir que tendrán que aceptar imposiciones o serán acusados de deslealtad. Ya el presidente francés Jacques Chirac amenazó a Bulgaria y Rumania de negarles el ingreso a la UE por apoyar a Estados Unidos. Parece, entonces, que cualquier desacuerdo podrá ser sinónimo de deslealtad.

Es lamentable que Giscard y sus compañeros ignoren la fuerza de una constitución como la redactada en Filadelfia, donde los principios fundamentales están por encima de las conveniencias políticas del momento. La Constitución Europea predica federalismo, pero practica una socialdemocracia centralizada.

Artículo de la Agencia Interamericana de Prensa Económica (AIPE)
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