9 de enero de 2002

¿Cómo se metió Argentina en este lío?

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por Brink Lindsey

Brink Lindsey es vicepresidente de investigaciones del Cato Institute, es autor de The Age of Abundance: How Prosperity Transformed America's Politics and Culture, de próxima publicación por Harper Collins.

Las miserias de Argentina se leen ahora en todos los titulares: motines y violencia, una procesión absurda de Presidentes-por-un-día, y la creciente pesadumbre de la devaluación y de la mora en la deuda. Pero detrás de los titulares se esconden males más profundos que carcomen los cimientos de la vida política y económica del país. Estos males contribuyeron a la crisis actual y persistirán mucho después de que se apague la luz que los medios tienen puesta ahora sobre Argentina.

Los males de Argentina son muchos, pero debajo de ellos está el estado dilapidado de sus instituciones políticas y legales. De acuerdo con un índice anual de niveles de corrupción publicado por Transparency International, basado en encuestas a personas de negocios, académicos y analistas de riesgo alrededor del mundo, Argentina ocupó el lugar número 57 entre 91 países. En otras palabras, peor que Botswana, Namibia, Perú, Brasil, Bulgaria y Colombia y a la par de la notoriamente corrupta China.

Poco competitiva

Los mismos resultados se dieron en el Reporte Global de Competitividad 2000, coproducido por la Universidad de Harvard y el Foro Económico Mundial, que encuestó a líderes empresariales de 4,022 firmas en 59 países sobre sus percepciones de las condiciones de los negocios. De nuevo, Argentina permaneció hasta abajo: 40 por la frecuencia de los pagos irregulares a oficiales de gobierno, 54 en la independencia del poder judicial, 55 en costos de litigación, 45 por corrupción en el sistema legal, y 54 en confianza en la protección de la policía.

No fue siempre así. La irreparabilidad de la infraestructura institucional argentina es un legado de su pasado peronista. Considere, por ejemplo, el punto crucial sobre la independencia del poder judicial. Antes del descenso al estatismo, los jueces argentinos gozaban de largos períodos de permanencia sin ser molestados por interferencia política. Al inicio de la primera administración de Perón en 1946, los magistrados de la Corte Suprema permanecían, en promedio, 12 años en el cargo.

Desde entonces se ha venido cuesta abajo. A partir de 1960, el promedio de permanencia ha caído hasta debajo de cuatro años. Después de Perón, quien dejó la presidencia por segunda vez en 1974, cinco de 17 presidentes han nombrado a todos los miembros de la corte durante su término, distinción que previamente sólo había sido ejercida por Bartolomé Mitre, primer presidente constitucional del país (1862-1868). De manera que mientras en la época previa a Perón la mayor parte de los jueces era nombrada por la oposición, con Perón las cosas cambiaron. La Corte Suprema de Justicia, supuesto baluarte del Estado de Derecho se redujo a ser un títere del poder ejecutivo.

Las reformas pro-mercado de principios de los 1990 trajeron pocas mejoras. El presidente Carlos Menem, quien a pesar de merecerse el crédito de haber estabilizado la moneda y privatizado muchas industrias,  persistió en denigrar la integridad de las instituciones del país. De cara a una Corte Suprema políticamente hostil, Menem respondió expandiendo de cinco a nueve el número de miembros, y llenó los nuevos vacantes con personas que lo apoyaban.

Sus transgresiones no pararon ahí: los alegatos de corrupción abundaron durante sus dos términos. Estos cargos finalmente lo alcanzaron en junio del año pasado, cuando el ex-presidente fue arrestado por su supuesta participación en un arreglo ilegal de envíos de armas, pero después de cinco meses de arresto domiciliario, fue puesto en libertad por la corte que él mismo escogió a mano.

La corrupción en Argentina se extiende más allá de Buenos Aires. Para ver de cerca el problema, visité el año pasado la provincia de Tucumán, en el noroeste del país. Durante la "guerra sucia" de los 1970, Tucumán sirvió de refugio para las guerrillas castristas y estuvo llena de peleas sangrientas. Hoy es mejor conocida como el hogar del mayor productor de limones del mundo, así como por su ahora declinante industria azucarera, y sus problemas son más prosaicos: una burocracia inflada y corrupta, y un sistema legal torcido que no es confiable.

El sector público en Tucumán, por ejemplo, sirve primariamente para enriquecer a políticos y para costear trabajos de patrocinios. De una fuerza formal de trabajo de unos 400,000, hay cerca de 80,000 empleados gubernamentales provinciales y municipales y otros 10,000 son funcionarios del gobierno federal. Los oficiales electos canalizan pequeñas fortunas hacia ellos mismos: el salario anual para legisladores provinciales es de aproximadamente US $300,000.

Tucumán no es, sin embargo, notoria por ese tipo de abusos. En la provincia empobrecida de Formosa, en la frontera norteña del país, aproximadamente la mitad de todos los empleados formalmente están en la planilla gubernamental, y muchos se aparecen sólo una vez al mes-para recibir sus cheques.

Este despilfarro yace al pie de la crisis actual. El gasto público, como porcentaje del Producto Interno Bruto, subió de 9.4 por ciento en 1989 a  21 por ciento en el 2000, a pesar del hecho de que las privatizaciones estaban aliviando significantes cargas fiscales.

Y mientras el embrollo puede ser que comience en la capital, los oficiales provinciales que gastaron a  rienda suelta también son responsables. Los gastos operativos a nivel provincial subieron en un 25 por ciento entre 1995 y 2000 a pesar de que no había inflación. El gasto fue financiado con un insostenible endeudamiento externo, cuyas cuentas empezaron a llegar.

Mientras tanto, a medida que el sector público se inflaba incontrolablemente, responsabilidades vitales del gobierno no fueron cumplidas. Entre ellas la provisión de un sistema legal que pronta y confiablemente reivindique los derechos de la ciudadanía. Como resultado, los agudos traumas financieros que ahora se apoderan de Argentina se componen por un ambiente empresarial que es profundamente hostil a la inversión, al dinamismo y al crecimiento.

En San Miguel de Tucumán, la capital de la provincia de Tucumán, hablé con Ignacio Colombres Garmendia, director de la firma legal más grande de la ciudad. "El sistema legal es absolutamente necesario para el desarrollo económico de la región", señaló, "pero los políticos no lo ven. Es difícil ver lo que no pasa debido a un mal clima legal, y por eso nadie se entera; pero cada día veo tratos que colapsan-veo a inversionistas potenciales que deciden no venir a Tucumán-debido a los riesgos legales. Me llaman y me preguntan por este u otro asunto legal, y tengo que decirles, y luego dicen 'muchas gracias' y ahí se acaba. 'el mundo es grande', me dijo un cliente en una ocasión, 'y no necesitamos de Tucumán'".

Se necesita un promedio de cinco años para cerrar una hipoteca comercial en Tucumán, y dadas las tasas de interés castigadoramente altas que prevalecen hoy en Argentina, atrasos como ese pueden hacer que incluso un colateral excelente no sea suficiente para cubrir la cantidad que se tenga que pagar en última instancia. En un círculo vicioso, los riesgos ocasionados por el atraso y la incertidumbre sirven para que las tasas suban aún más; y el efecto neto de un sistema que deja a inversionistas y a acreedores tan mal expuestos es simple: menos inversión, menos financiamiento, y menos crecimiento y oportunidad.

Economía de Mercado

Está de moda ahora culpar al libre mercado de los problemas de Argentina. El presidente más reciente del país, un peronista de la vieja guardia y gran promotor del proteccionismo, Eduardo Duhalde, se ha unido al coro antimercado al prometer que romperá con el "fallido modelo económico" de la década pasada. Pero la tragedia argentina no ocurrió porque las reformas pro-mercado hayan ido muy lejos, sino porque no fueron ni siquiera lo suficientemente lejos.

Una economía de mercado sana requiere no sólo la ausencia de controles estatales, requiere la presencia de instituciones sanas, y aunque las reformas de la era menemista dieron pasos hacia cumplir con el primer requisito, el segundo fue completamente ignorado. Hoy Argentina sufre gravemente de esa negligencia, y hasta que se corrija y se saneen los sistemas políticos y legales del país, hay poca esperanza para que una Argentina próspera y estable emerja de los escombros.

Este artículo fue publicado originalmente en el Wall Street Journal, el 9 de enero de 2002.

Traducido por Constantino Díaz-Durán para Cato Institute.